Congreso boliviano convoca a referendo para nueva Constitución

La ley cita a los ciudadanos para el 25 de enero, día en que se aprobará o rechazará una nueva Carta Fundamental.

Reuters

LA PAZ.- El Congreso de Bolivia aprobó este mediodía la convocatoria a un referendo constitucional el 25 de enero, desatando de inmediato un festejo callejero del Presidente Evo Morales y miles de sus seguidores.

La ley que convoca al referendo quedó sancionada tras un debate de 18 horas, que fue cerrado por el vicepresidente Álvaro García con el anuncio de que entregaría de inmediato la norma a Morales, quien esperaba en las afueras del Palacio Legislativo.

Evo Morales festeja junto a sus seguidores

 

 

Morales, líderes sindicales nacionales y varios ministros cantaron una popular cueca titulada “Viva mi Patria Bolivia” y luego bailaron en la plaza central, a medio camino entre el Palacio de Gobierno y el Congreso.

“Esta convocatoria y el proyecto ajustado de la nueva Constitución son producto del esfuerzo de los cuatro partidos del Congreso”, dijo García Linera.

El debate en el Congreso concluyó sin que lleguen a hablar todos los oradores anotados y fue seguido por la votación de la convocatoria, mientras se hacía evidente que los manifestantes que acompañaban a Morales iban perdiendo la paciencia y renovaban amenazas de tomar el Congreso.

Congreso boliviano tiene ahora la palabra

Pese a que el Presidente Evo Morales dice estar esperanzado en que el Legislativo aprobará la nueva Carta Magna que impulsa el Ejecutivo, grupos parlamentarios díscolos han reiterado que no darán su brazo a torcer, a menos que se logre un consenso.

La Nación / Agencias

 

A raíz del fracaso de las negociaciones que por cerca de cuatro semanas mantuvo el Gobierno boliviano con los prefectos opositores, el Congreso de Bolivia asumió ayer un protagónico rol constitucional, tendiente a zanjar la crisis política-social que ha ensombrecido al país en los últimos meses.

Tal como los detractores del Presidente Evo Morales solicitaron desde el primer atisbo de conflicto, que en septiembre dejó 18 muertos, serán los legisladores los que deberán alcanzar un acuerdo político que viabilice la aprobación del texto de la nueva Carta Magna y un posterior referendo, en el cual la ciudadanía tendrá la última palabra.

Si bien el Mandatario dice estar “esperanzado” en que el Legislativo dé luz verde a su proyecto constitucional, sus detractores -por medio del presidente del Senado Óscar Ortiz- ya anunció que batallará con el oficialismo a fin de impedir que se apruebe la ley de convocatoria, a menos de que la Constitución sea consensuada.

La amenaza no es en vano. El Gobierno fracasó en dos intentos previos para que la cámara alta aprobara el texto, pese a las presiones de movimientos sociales pro gubernamentales.

Pero la negativa de los detractores, con mayoría senatorial, es sólo uno de los problemas que se preven, pues además de la turbulencia social, los congresistas podrían enfrascarse en una pelea sobre el procedimiento a seguir en el voto para la ley de referendo.

Ortiz dice que para convocar a la consulta, el Ejecutivo debe convencer a dos tercios del Congreso. Es decir, a 105 de los 157 congresistas (senadores y diputados). Por otro lado, el ministro de Defensa Walker San Miguel, afirma que sólo se necesita alcanzar mayoría simple.

La cuestión es que con la segunda fórmula, el Gobierno, hipotéticamente, obtendría una victoria, pero con la primera no, pues sólo tiene asegurados 83 bancas (72 diputados y 11 senadores).

CONTRA EL TIEMPO

La fijación de una sesión plenaria para mañana viernes, anunciada ayer por el presidente del Congreso y vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, podría tensar aún más a los ánimos. Esto, pues la convocatoria provocó malestar en la oposición, que la considera incoherente en momentos que se inicia un proceso de diálogo legislativo.

“Nadie va a creer razonable que en dos días se va a concertar una Constitución”, dijo Ortiz, quien en la noche del martes había afirmado que las negociaciones entre los congresistas no tenían plazos fijos.

La razón es que la nueva fase de conversaciones tiene el propósito de continuar el trabajo de la mesa de diálogo instalada en Cochabamba, que finalizó el domingo sin la firma de convenio alguno.

Incluso, en la reunión que el Jefe de Estado sostuvo el martes con Ortiz y el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo (oficialista), se había acordado conformar comisiones pluripartidistas que debían comenzar a discutir el cómo recuperar las conclusiones parciales que arrojó el diálogo del Ejecutivo con los prefectos.

La prioridad sería encarrilar la nueva Carta Magna de corte indígena y estatista y, a la vez, determinar qué mecanismo se aplicarán para ensamblar en la futura carta fundamental la formación de gobiernos autónomos, reclamados con énfasis por Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.

Pero, así las cosas, es probable que la discusión se prolongue más allá de lo previsto por el Gobierno, sobre todo si García Linera insiste en su llamado.

Morales ya advirtió que hay observaciones al proyecto constitucional sobre las que “jamás habrá consenso” y, sin él, la oposición no dará su brazo a torcer.

 

Fuente: La Nación